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Del 16 al 22 de octubre de 2017     

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Los periodistas sienten presiones al realizar su trabajo según el informe anual de la Asociación de la prensa de Madrid del año 2016, donde se recogen los resultados de una encuesta realizada a 1.833 periodistas. Tres de cada cuatro profesionales de la información reconocen ceder a las presiones que reciben a diario por parte de sus empresas, ya sea de una manera directa o indirecta, por miedo al despido o a represalias de algún tipo. Esta realidad laboral, no siempre visible para la ciudadanía, choca de frente con la visión amable instaurada sobre el ejercicio de la libertad periodística en nuestro país.
Desde hace muchos años y de forma periódica una legión de lectores de El País se lamentan por no reconocer la línea editorial del diario que durante décadas fue referencia sentimental de buena parte de la izquierda sociológica del país. Este desapego actual de una parte importante de su base lectora ya la formuló Jorge Riechmann en 1997 en un libro de poemas llamado “El día que dejé de leer “El País”, lo que demuestra que el asunto no es nuevo. Aunque nadie puede calcular cuánto de este desapego hay en la bajada continuada del diario del grupo PRISA, porque inciden otros factores como la reconversión digital, lo que sí sabemos es que las diferencias con sus diarios competidores se han reducido drásticamente tanto en su versión en papel como en su formato digital desde los años 90.

Las elecciones del 26J van a suponer una segunda vuelta en toda regla de las del 20 de diciembre de 2015 pero con algunos elementos nuevos muy a tener en cuenta. La gran novedad es sin ninguna duda, la decisión por parte de IU y Podemos de presentarse junto a otras confluencias territoriales como un bloque unitario con capacidad de disputarle al Partido Popular el primer puesto en la elecciones.

El debate público en torno a la regulación de los medios de comunicación y la profesión periodística en este país siempre ha generado grandes polémicas. De hecho, fuera del ámbito académico es un debate prácticamente inexistente debido a la enorme presión que ejercen los grandes medios de comunicación cada vez que alguien lo plantea. Hoy España dispone de una legislación audiovisual dispersa que, desde la creación de la ley del Tercer canal (Tv autonómicas) y la Ley de Tv privada, han ido conformando un corpus jurídico que se ha demostrado insuficiente e ineficaz.


Apenas hace un mes de ese 24 de mayo que pasará a la historia de este país como el día en el que las candidaturas ciudadanas rompieron el monopolio del bipartidismo, haciéndose con el poder en las principales ciudades del país, y parece que ha pasado un lustro. He titulado este artículo ‘El milagro de las CUP’ pero lo realmente milagroso no es que Ahora Madrid o Barcelona en Comú se hayan hecho con una mayoría para gobernar, que también, sino que lo hayan hecho en un entorno mediático tan adverso como el que padecemos.

El pasado 1 de enero entró en vigor la ley de Propiedad Intelectual que incluye, entre otras muchas medidas, el Canon AEDE (más popularmente conocida como tasa Google) por la cual los agregadores de contenidos por Internet (tipo Google News o Menéame) tienen la obligación de pagar un canon por enlazar contenidos o utilizar fragmentos de los mismos. Esta ley es fruto de la presión que la gran patronal de la prensa venía ejerciendo sobre el gobierno desde principios de la legislatura y por la cual las principales cabeceras de prensa diaria buscan una vía de financiación adicional a la publicidad en unos momentos especialmente complicados.


Desde hace no poco tiempo se viene denunciando, desde diversos ámbitos, la extensión cada vez mayor de un Periodismo “de Estado” caracterizado por la sumisión a los intereses económicos y políticos del establishment, contradiciendo la esencia misma de la profesión periodística, aquello que de forma clásica se le ha llamado el “cuarto poder”. Esta forma de hacer periodismo tiene mucho más que ver con las distintas formas de propaganda que con la información independiente y contrastada.
Más allá de su acepción médica llamamos “operación” a aquella negociación, pacto o plan tejido en secreto entre varios actores y ejecutada por sorpresa para asegurar el éxito de la misma. Esto es lo que ha sucedido con la abdicación de Juan Carlos I en la mayor “operación” política que ha vivido este país desde la Transición con la participación necesaria de la prensa como elemento generador de un clima social favorable a la sucesión.

Desde que en los años 70 se popularizara el término contracultura han sido cientos los ensayos sobre las distintas formas y la repercusión que han alcanzado desde entonces los diversos movimientos que han existido al margen de la cultura dominante. Hoy esta cultura dominante estaría caracterizada por el consumismo, el individualismo a ultranza, el culto por la moda o lo que en otro tiempo se conocía por el fetichismo de la mercancía.

Desde hace muchos años es habitual ver en los estudios de medios cómo la televisión va superando cada vez más a la prensa como medio más utilizado por los ciudadanos para informarse. Con la crisis del papel una parte importante de sus habituales lectores se han pasado a las versiones web de estos diarios pero la televisión ha aumentado más la brecha de medio hegemónico como transmisor de información. Paradójicamente estos datos se dan en plena revolución tecnológica donde los canales por donde fluye la información se han multiplicado. De hecho, el número de ciudadanos que declaran recibir información por medios alternativos (redes sociales, blogs, webs, etc) ha crecido exponencialmente en los últimos años.

El maestro del cine, Alfred Hitchcock, de joven acuñó el término McGuffin para referirse a un elemento irrelevante del guión que sirve como desencadenante de la trama en las películas de suspense. Se podría traducir como el pretexto o la excusa que hace avanzar la acción. Pues bien, con el anunciado cierre de Canal Nou tenemos un claro ejemplo de cómo el McGuffin también puede ser aplicado a la política.

Cuando escribo estas líneas el caso Snowden sigue abierto, pendiente aún del asilo definitivo del supuesto “espía” norteamericano. Todo lo sucedido hasta el momento bien parecería una película de espionaje al uso (“El Topo”) si no fuera porque los datos revelados por Snowden tienen una trascendencia que afecta no ya a los sistemas de inteligencia militar de algún país del eje del mal sino a millones de ciudadanos de todo el mundo. La gravedad del caso es de tal calibre que la distopía orwelliana de 1984, donde todo y todos estaríamos siendo observados por el Gran Hermano, se nos hace hoy un poco más cercana. Según Snowden, la CIA habría estado espiando las comunicaciones de organismos gubernamentales de sus socios europeos con la colaboración de empresas privadas.

En los dos últimos años se ha producido en algunos países de Latinoamérica, como Argentina o Venezuela, una reordenación de las licencias televisivas y radiofónicas que han sido objeto de una gran polémica. Desde España, la mayoría de los medios privados de comunicación han enfocado estas informaciones como una intromisión de los gobiernos en el ámbito privado de la libertad de empresa obviando cualquier otro tipo de consideración. En muchos casos han servido de abogado defensor de estas televisiones porque existe una relación directa empresarial con estas compañías, además de establecer un frente mediático orientada a satanizar a estos gobiernos.

El 12 de marzo se cumplieron dos meses del ERE en Telemadrid por el cual el ente público despidió a 861 trabajadores (cerca de un 90% de la plantilla) tras un intenso mes de diciembre en el que una huelga indefinida llevó a negro las emisiones del canal. El desmantelamiento de la televisión pública madrileña lamentablemente ha sido la crónica de una muerte anunciada, o si lo prefieren, la muerte en vivo y en directo de un canal, que junto con TV3 llegó a ser en su día el canal autonómico con más aceptación.
No es nada nuevo que las series en televisión han ido ganándole terreno a las producciones cinematográficas y a otros formatos de ficción. A ello ayudó mucho la eclosión de la banda ancha y los portales en Internet que ofrecían el acceso a temporadas completas de series con la posibilidad de verla antes incluso de su estreno en televisión.
Se cumplió la amenaza lanzada este verano por el gobierno de elevar trece puntos el IVA a la mayor parte de actividades culturales, pasando del 8% al 21%. Recordemos que la subida del IVA, vigente desde el mes de septiembre, tiene por objeto según el gobierno el aumento de la recaudación para financiar el creciente déficit público que ha desatado la crisis. En cualquier caso, la medida como el propio Secretario de Estado de Cultura, el Sr. Lasalle, se atrevió a reconocer en una entrevista en la radio pública, es injusta e ineficiente. Sí, han leído bien, el Secretario de Estado lo dijo.

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