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La Cañada Real Galiana

Angel Poveda

El concejal de Política Territorial del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Alfredo Pelegrín, el pasado mes de septiembre rompió la aparente apatía de los políticos con respecto a la Cañada Real Galiana, anunciando su intención de iniciar los trámites encaminados a derribar todas las edificaciones ilegales de esta vía pecuaria que en la actualidad se encuentran en fase de construcción. Se trataría de un proceso largo y tedioso, plagado de recursos judiciales, que en el mejor de los casos finalizaría con la orden de un juez autorizando el derribo, aunque como afirma Pelegrín, “nuestra intención es frenar el crecimiento de las construcciones ilegales de la Cañada Real”. Tendencia que no ha hecho más que aumentar de forma desmesurada, desde que a finales de la década de 1950, inmigrantes procedentes de distintos lugares de la geografía española decidieron construir allí sus primeras chabolas, que en muchos casos, con el paso del tiempo se han convertido en verdaderos chalés con piscina y antena parabólica, además de las múltiples naves industriales que salpican sus márgenes.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

La Cañada Real Galiana, Riojana o de Las Merinas, que por todos esos nombres es conocida, originariamente nacía al sur de La Rioja, para terminar en el Valle de Alcudia, en la provincia castellano-manchega de Ciudad Real, pasando antes por lugares tan emblemáticos como el Cañón del Río Lobos, en la provincia de Soria. En total son alrededor de 400 kilómetros, de los que se calcula que se han perdido unos 100. Poco antes de adentrarse en la Comunidad de Madrid se bifurca en dos ramales, uno que discurre por Ribatejada, Daganzo y Ajalvir y otro que atraviesa Meco y Camarma, ambos se unen junto a la valla de la base militar de Torrejón de Ardoz. Su nivel de degradación se hace mucho más evidente al llegar a la capital de España, donde recorre el sur de los distritos de Vallecas y Vicálvaro, recuperando un mejor estado al salir de Pinto y al acercarse a la comunidad castellano-manchega, tras abandonar la localidad madrileña de Torrejón de Velasco.
Las cañadas se diferenciaban de otras vías pecuarias, en que con sus 75 metros (90 varas) eran las de mayor anchura, por debajo de ellas estaban los cordeles, con 38 metros, las veredas, con 21 metros y las coladas, de anchura variable hasta unos 4 metros, medidas que fueron fijadas por la Mesta y que aun se mantienen vigentes. Por ellas trashumaron millones de cabezas de ganado cada año, en su mayor parte las legendarias ovejas merinas, famosas por su apreciada lana, que hacían el recorrido al final del verano y en el otoño hacia el sur, y al final del invierno y en primavera hacia el norte.
Esta tradición nómada viene de la Edad Media, cuando se conforman los grandes sistemas de de vías pecuarias o caminos reales de ovejas, en esta época se constituye El Honrado Concejo de la Mesta, o simplemente la Mesta, una poderosísima organización de propietarios y pastores de ganados que gozaban de importantes privilegios, que se mantuvo hasta el trienio liberal (1820-1823) en que fue abolida formalmente, aunque continuó existiendo de hecho hasta 1936.

LA LEGISLACIÓN

La primera regulación y organización del proceso de la trashumancia la lleva a cabo la Mesta, que fija las normas para el mantenimiento de las vías trashumantes, la solución de los numerosos conflictos que surgían con los agricultores o los nobles y la negociación con la Corona sobre el montante de los impuestos que habían de pagar. En 1877 un Real Decreto plasma el Reglamento para el régimen de la Asociación General de Ganaderos (A.G.G.), que había sustituido a la Mesta, fija las distintas tipologías de vías pecuarias y señala el procedimiento para deslindarlas cuando hayan sido interceptadas o estrechadas. Otro Real Decreto, en este caso de 1917 reconoce a la A.G.G. el doble carácter oficial y particular, mientras que el de 1944 recoge de nuevo la tipología de las vías pecuaria abriendo las puertas a su enajenación y venta. La Ley de Vías Pecuarias, promulgada en 1974, mantiene la enajenación y venta, aunque otorga su competencia al ICONA. El 23 de marzo de 1995 una nueva ley, con carácter nacional sustituye a la de 1974, aunque deja en manos de las Comunidades Autónomas la elaboración de reglamentos específicos que se adapten a la realidad de cada territorio.
Siguiendo el espíritu de la ley estatal, el 15 de junio de 1998 la Asamblea de Madrid aprueba su propia Ley de Vías Pecuarias, que reconoce para ellas tres usos: agropecuario, medioambiental y sociocultural. Además de indicar que el uso prioritario de las cañadas es la trashumancia estacional, prohíbe, entre otras cosas, la caza en todas sus formas, la publicidad, la extracción de rocas, áridos o gravas, los vertidos de cualquier clase, el asfaltado o cualquier procedimiento semejante que desvirtúe su naturaleza, el transito de vehículos todoterreno, motocicletas y cualquier otro a motor, así como las ocupaciones o instalaciones de cualquier tipo, no autorizadas. Por el contrario, también establece algunos usos complementarios al tránsito de ganado, como lugares de esparcimiento y recreo públicos, que pueden ser utilizados libremente para el paseo, el senderismo, la cabalgada, el cicloturismo, el esquí de fondo y cualquier otra forma de desplazamiento deportivo sobre vehículo no motorizado.

PROBLEMAS IMPORTANTES

En buena parte del trazado de la Cañada Real Galiana a su paso por la Comunidad de Madrid sufre cortes por parte de varías carreteras, como la M-113, la M-100, la M-206 e incluso alguna autovía como la A-2. Pero no es ese su problema más importante, durante años se han ubicado en ella varias escombreras y vertederos, a la vez que ha sido invadida por algunos núcleos de población y urbanizaciones.
De cualquier forma, lo que más preocupa a los responsables de los distintos ayuntamientos, es la ocupación masiva e ilegal del terreno de la cañada por particulares, que desde hace más de cuarenta años llevan apropiándose de parcelas para la instalación de viviendas, naves industriales, huertos o almacenes de lo más variado. Todo ello, ha hecho que la anchura legal de 75 metros, en algunos tramos quede reducida a no más de 3 ó 4 o incluso a su completa desaparición, como es el caso de Pinto, donde ha sido engullida por el casco urbano.
La ocupación ilegal comienza al sur del casco urbano de Coslada, allí, según afirma José Huélamo, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente “los primeros asentamientos se produjeron en la década de 1950, con la llegada de inmigrantes procedentes de otros lugares de España”. Varios años más tarde, “ya en 1960, la zona de Coslada registra una amplia ocupación”. Con el paso del tiempo, continúa Huélamo “se construyó hasta un polígono industrial, que a su vez cedió terrenos al Ayuntamiento para unas pistas de tenis que yo creo que están encima de lo que fue la Cañada Real”. Con la intención de poner un poco de orden sobre algo que estaba creciendo sin control “en 1980 el Consistorio llega a un acuerdo con la asociación de vecinos del Barrio de la Cañada, para que vendan toda la ocupación del suelo y ceda al Ayuntamiento los viales”.
En otros lugares sucedió algo parecido, aunque con ritmos de tiempo diferentes. Por ejemplo, la zona de Valdemingómez, perteneciente al municipio de Madrid, comenzó a poblarse a principios de la década de 1970, cuando los primeros camiones de basura lo transitaban para depositar allí los residuos de tres millones de madrileños. Al principio eran pequeñas chabolas sin agua corriente, electricidad ni teléfono, después, el ingenio les llevó a conectarse clandestinamente a las redes de esos servicios que pasan por las inmediaciones, una cuestión esencial como la falta de alcantarillado, la suplieron con pozos negros.
Poco a poco se instalaron industrias y negocios en toda la Cañada Real, como recuerda José Huelamo, “en nuestro término municipal, en su momento hubo hasta una plaza de toros, que pertenecía a una sala de fiestas, todo construido de forma ilegal sobre terrenos de la Cañada, ambas instalaciones fueron demolidas”. Tan llamativo como eso, es el hostal que llama poderosamente la atención a quien se acerca a los terrenos de la Cañada Real pertenecientes al municipio de Coslada, lleva allí desde hace más de 20 años y todo el mundo lo conoce por “La Mancheguita”, sobre él pesa un expediente de disciplina urbanística desde 1989, con una sentencia judicial de 1997 favorable al Ayuntamiento y autorizando su demolición, que como asegura el edil de Urbanismo cosladeño, “tras salvar todos los trámites, derribaremos en breve”.

REPERCUSIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE

Se calcula que en el tramo de la Cañada Real Galiana, desde Coslada a Getafe, pueden vivir de forma permanente más de 50.000 personas. Tal aglomeración de gente en un entorno rústico originan desequilibrios para la propia vía pecuaria y para el medio ambiente de la zona, como afirma Antonio Martínez, presidente del colectivo ecologista ‘El Soto’, “casi todas las cañadas de nuestra región se encuentran en muchos casos, en un estado de claro abandono, sometidos a procesos de urbanización y ocupación ilegal, y en otros, de práctica desaparición, por convenios urbanísticos o trueques de terrenos”. El caso concreto de la Cañada Real Galiana “es un claro ejemplo de alteración radical de sus usos, su configuración y su aprovechamiento futuro como vía verde, que parecía el destino de las vías pecuarias y el objetivo con el que se aprobó la ley regional que supuestamente iba a protegerlas”.
Otra de las incógnitas medioambientales, que hasta ahora nadie se ha preocupado de resolver, es el destino final de las basuras que generan todos esos ciudadanos y que de forma oficial nadie recoge. Tampoco existe alcantarillado, por ello, todas las viviendas se ven obligadas a disponer de pozos negros, de los que nadie sabe si pueden producirse fugas, en qué medida y con qué resultado. Todo ello, sin hablar de las consecuencias sanitarias de vivir en un entorno tan hostil, sobre todo, para los que residen en las inmediaciones de Valdemingómez, para quienes desde los grupos ecologistas vienen pidiendo a las administraciones la realización de un estudio epidemiológico serio. Precisamente, para Antonio Martínez “la zona próxima a Valdemingómez y a Rivas es la que registra una mayor degradación, porque se acumulan varios efectos combinados, las instalaciones de basuras, reciclaje, compostaje e incineración, unido al tráfico incesante de camiones, que ya es un problema, en muchos casos mortífero, para la gente que ha ido ocupando esta vía pecuaria”.

LOS POLÍTICOS Y
LA CAÑADA REAL

Siempre ha habido políticos que han intentado afrontar el problema de los asentamientos ilegales de la Cañada Real Galiana, pero sin que el éxito acompañara sus acciones. Hace varios años, el entonces alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, intentó derribar algunas viviendas de la zona de Valdemingómez, la respuesta fue contundente, se unieron todos los vecinos de la zona y recibieron a la Policía levantando barricadas en los accesos. Las fuerzas del orden se retiraron y nunca más se volvió a hablar del asunto.
Ahora es el concejal de Política Territorial de Rivas-Vaciamadrid, Alfredo Pelegrín, quien ha decidido retomar el asunto anunciando su intención de “iniciar los trámites tendentes a la demolición de todas las viviendas de la Cañada que se encuentran en fase de construcción”. El objetivo, según declara el propio edil “no es otro que frenar el crecimiento de las construcciones ilegales”.
Fuera de la actuación política propuesta por Pelegrín, queda por el momento, el asunto de las viviendas ya terminadas y el problema de quienes las habitan “esos casos, para nosotros no son de carácter urbanístico ni administrativo, lo que más nos preocupa de ello son las personas que viven allí”. Cuando decidan abordarlo, asegura el edil ripense, “deberemos hacerlo desde dos puntos de vista, por un lado, teniendo en cuenta que hay gente allí en condiciones infrahumanas, y otras personas que utilizan aquello como segundas viviendas, eso no es una problemática social, sino algo urbanístico y administrativo a lo que hay que dar un tratamiento totalmente distinto”. Incluso, añade que “hay viviendas que pueden calificarse de semi-lujo, que distan mucho de lo imprescindible para sobrevivir, o incluso, se dan en la zona actividades económicas, que tampoco tienen carácter social”. En eso coincide con su colega de Coslada, José Huélamo, que tiene claro que “hay personas que posee un piso en otro lugar y una parcela en la Cañada, que es objeto de venta o alquiler, con altos índices de especulación”.
La progresiva ocupación está llevando a saturar, no sólo los márgenes de la Cañada, como afirma Huélamo, “hay viviendas que han invadido terrenos particulares próximos a esta vía pecuaria y que no tienen nada que ver con ella”. Así, en Rivas, reconoce Pelegrín que “las mancomunidades de vecinos nos están pidiendo que intervengamos en este asunto, al verse afectadas por distintas actuaciones de la Cañada Real”.

SOLUCIONES DIVERGENTES

A la hora de buscar soluciones al problema de las ocupaciones ilegales, cada Ayuntamiento implicado lo ve de una forma absolutamente distinta. Desde Rivas-Vaciamadrid, Alfredo Pelegrín considera que “la prioridad es que todas las administraciones nos sentemos juntas y creemos una mesa de negociación en la que abordemos, primero, los aspectos sociales y luego las soluciones urbanísticas y administrativas de cada uno de los casos”. Propuesta que no ha sido demasiado bien recibida desde los ayuntamientos de Coslada y Getafe.
El más reacio a aceptar la iniciativa de Pelegrín ha sido el edil cosladeño, José Huélamo, que afirma que “la propuesta del Ayuntamiento de Rivas, a mí me parece algo exclusivamente propagandístico”. Para él, “el problema debe solucionarlo cada municipio por su cuenta, sin necesidad de crear mesas de negociación ni nada parecido”, a eso añade que “hay que ser efectivo, si alguien ha ocupado suelo que no es suyo y que además es de interés público, la solución son expedientes de disciplina urbanística, sentencias judiciales y demoliciones, no hay más”. Tampoco desde Getafe lo han visto con agrado, la concejala de Medio Ambiente de esta localidad, Sandra Escudero afirma que “no estimamos necesaria la creación de una mesa negociadora, puesto que hace tiempo que venimos abordando asuntos de este tipo en el marco del Parque Regional del Sureste, al que en buena parte pertenece la Cañada Real. No es lógico que se separen asuntos tan similares”.

LA VISIÓN DE LOS USUARIOS

La propuesta de Pelegrín ha corrido como un reguero de pólvora hasta los últimos rincones de la Cañada Real, independientemente del municipio al que pertenezca, aunque bastante deformada en algunos casos. Así, uno de los residentes de la zona de Valdemingómez, que tiene vivienda y negocio en la Cañada y que lleva residiendo allí desde hace veinticinco años, nos aseguró que “no le vamos a permitir que derribe nuestras casas”. A pesar de todo, son conscientes de la ilegalidad en la que se encuentran y saben que llegará un momento en el que alguien les desahuciará “entonces nos iremos, pero sólo si nos dan un piso en otro sitio o una indemnización, en caso contrario habrá guerra”.
La Cañada, con el paso de los años se ha ido poblando más y más, no sólo con personas de Madrid y de otros lugares de España que se han instalado allí, sino también con inmigrantes extranjeros que han ido recalando allí, habilitando hasta una mezquita para practicar el islam. Pero no sólo eso, los hijos de los primeros residentes, cuando se emancipan continúan en la misma parcela de los padres, donde se construyen una casa propia. A pesar de que nadie tiene escrituras de los terrenos que habita, todos guardan celosamente los recibos pagados del Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.) que en algún momento les ha girado el Ayuntamiento al que pertenecen, eso consideran que les otorga carta de legalidad frente a una hipotética actuación de las administraciones públicas.
De cualquier forma, afirman que “el verdadero reconocimiento nos llega cada vez que hay elecciones, ningún partido se olvida de nosotros, puntualmente nos envían las papeletas de todos, no se pierde ni una”. Y todo eso, a pesar de las dificultades que existen a la hora de repartir el Correo, como nos aseguraba un funcionario de Coslada, “los números se los ponen ellos mismos y hay muchos casos en los que se repiten, por eso, la única forma de realizar bien el trabajo es conociéndoles personalmente a todos, algo nada sencillo”, máxime cuando son conscientes de que “es la peor zona y la que nadie quiere, por algo se la dan siempre a los nuevos, los demás, aspiramos a que pronto nos cambien de sección”.
El hecho de permanecer en la ilegalidad más absoluta, no es óbice para que exijan servicios de los Ayuntamientos, en la zona de Valdemingómez, recientemente han conseguido la instalación de farolas y ahora reclaman una línea de autobús. Tampoco evita las transacciones con los terrenos, allí nada se vende, pero todo “se cede”, en esos casos, la Asociación de Vecinos de la Cañada Real se encarga de extender una especie de documento acreditativo y por el que cobran una cantidad importante de dinero, en función de los metros de la parcela transferida. Papel del que reconocen su absoluta invalidez, pero que todos parecen respetar.
Independientemente de cual sea la solución y de si esta llega algún día, lo claro, como asegura Huélamo, es que “el trazado original de la Cañada Real, por lo menos en Coslada, sería imposible de recuperar. Hay zonas en las que se han construido encima viviendas, industrias y hasta carreteras”. Por eso, no resulta extraño, que en los pocos mapas en los que figura esta vía pecuaria, haya tramos en los que no aparezca por ningún lado.



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