La deriva antisocial del PSOE al frente del Gobierno de la nación ha tenido un nuevo exponente en la recién anunciada reforma laboral. El decreto, surgido después del fracaso del diálogo social que ha teledirigido La Moncloa con el mando de juego de la patronal, viene a tirar del mismo hilo con el que Zapatero ha querido hilvanar su salida a la crisis. Así, el plan de ajuste con el que se congelaron las pensiones, se rebajó el salario de los y las empleadas públicas o se eliminó la retroactividad de las ayudas de Dependencia, era sólo el aperitivo. Pero lo suficientemente contundente como para que las organizaciones empresariales descartaran cualquier posibilidad de pacto y elevaron el tono de sus demandas, conscientes de que en caso de desacuerdo el decreto prometido por el Ejecutivo le sería más útil que cualquier reforma pactada con los sindicatos. Y no se equivocaron.

Hoy tenemos encima de la mesa una propuesta de reforma laboral –aprobada por el Congreso con más abstenciones que votos a favor- que viene precedida, a modo de teloneros, por la presión de los mercados, la blanca paloma de las instituciones económicas incuestionables, y la imperiosa necesidad de “generar confianza”. Una retórica con la que se ha ido tejiendo en los últimos meses una malla de irrealidad, de abstracciones incontestables, para hacernos creer que las medidas que está aplicando el Gobierno central son las únicas posibles. Ahora el problema era la extrema rigidez del mercado laboral español y su legislación, cuando, sin embargo, el año 2009, en plena recesión, se hicieron más de 13 millones de contratos temporales, y los empleadores no tuvieron especiales problemas para reducir sus plantillas, lo que llevó al desempleo a más de cuatro millones de personas, mientras que solamente unos 500.000 trabajadores quedaron sujetos a medidas más defensivas, como la suspensión o reducción de jornada. ¿Dónde está la rigidez?

El PSOE ha optado, además, por darle a su contrarreforma del mercado de trabajo la mayor agilidad parlamentaria posible para que el Mundial de fútbol y la inminencia de las vacaciones se la tragasen por el desagüe de la opinión pública. Eso nos obliga a quienes seguimos defendiendo los derechos de los y las trabajadoras, a continuar denunciando que el decreto asume el núcleo duro de las reivindicaciones de la patronal. Por un lado, profundiza en un modelo económico basado en bajos costes laborales, al facilitar el despido y el abaratamiento del mismo; y defiende por otro, un marco de relaciones laborales en el que se aumenta el poder discrecional del empresariado y se ataca a la negociación colectiva.

Las medidas propuestas suponen la ampliación de los supuestos en que puede despedirse improcedentemente a las y los trabajadores con una indemnización de 33 días de salario por cada año trabajado, a la vez que facilitan la realización de despidos por causas económicas, cuya indemnización es de 20 días de salario por cada año trabajado, frente al actual de 45 días.

Esta lesión a los derechos laborales pretende justificarse en la generación de empleo, pero en los últimos 18 años se han vivido hasta 8 reformas laborales que implicaban abaratamiento del despido y flexibilización de la contratación, y la única traducción contrastada que ha tenido esto ha sido más precariedad. Ante ello, no todo está perdido: en el horizonte del inicio del curso que viene, hay convocada por los sindicatos de clase una huelga general. El 29 de septiembre, podemos y debemos decirle al Gobierno que la crisis no la puede pagar quien no la ha generado. Que la realidad del mercado de trabajo, se ponga como se ponga, no tiene nada que ver con el origen de esta crisis. Que no es honesto aprovecharse de ella para asfixiar más a quienes ya la están sufriendo. Y que con nuestros derechos, no se juega.